viernes, 18 de marzo de 2011
Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad: OPINIÓN - Palos y a la Bolsa
Partido Encuentro por la Democracia y la Equidad: OPINIÓN - Palos y a la Bolsa: "Por Marcelo Saín * Para el gobernador Daniel Scioli, la policía de la provincia de Buenos Aires constituye una herramienta de gestión pol..."
jueves, 17 de marzo de 2011
lunes, 14 de marzo de 2011
Seguridad, hacia un esquema participativo, por Carlos Heller
Seguridad, hacia un esquema participativo
Por Carlos Heller
Las políticas democráticas y progresistas son imposibles de implementar sin la contribución popular y el involucramiento de la gente común
La política de derechos humanos, de juicio y castigo a los represores y genocidas, coronó la larga marcha de las luchas del campo popular contra la impunidad. Durante largos años de democracia, fueron acciones tildadas de testimoniales, tales como el trabajo incansable de las organizaciones en defensa de los derechos humanos -encabezadas sin duda por las Madres y las Abuelas-, o las repetidas presentaciones de los proyectos de anulación a las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final hechas por el diputado Floreal Gorini, que nunca consiguieron quórum en 2003, encontraron su cauce.
La resistencia de los que están hoy en el banquillo de los acusados se amalgama con los alaridos de los personeros que reclaman por la vuelta a la mano dura y exigen el retorno a la represión de las protestas sociales, y a un enfoque del problema de la seguridad compendiado en las enciclopedias de la otrora lucha antisubversiva.
La solución a los problemas que aquejan a las instituciones policiales en la Argentina es una deuda pendiente de la democracia. Estas fuerzas sufrieron un grave deterioro institucional durante las dictaduras del siglo pasado y, particularmente, durante el terrorismo de Estado de los setenta. De esta manera, han visto complicada aún más su realidad actual ante el crecimiento exponencial del delito urbano en el país, particularmente a partir de la hiperinflación de 1989, y, sobre todo, en la década de 1990. Hubo intentos correctamente orientados en el sentido de avanzar en la reforma policial, con el objetivo de mejorar su profesionalismo, y su inserción institucional y democrática, como fueron las experiencias conducidas por Carlos Arslanian -en la provincia de Buenos Aires- y la creación de la Policía Aeroportuaria, conducida por Marcelo Sain bajo parámetros modernos y profesionales. También asistimos a la mala experiencia de la creación de la policía Metropolitana para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que primaron hasta ahora criterios de reformulación de una fuerza con los peores vicios de las existentes y recurriendo a viejo personal de otras fuerzas, que terminó cometiendo graves delitos que involucran, incluso, al mismo jefe de gobierno de la Ciudad.
Pero, ¿cuál es el problema de fondo del funcionamiento de las policías?
El error, cuando se trata de propuestas sobre políticas de seguridad y reformas policiales, radica en general en que tales propuestas son vistas como una solución en sí mismas. Es decir, se concentra toda la energía en la reforma o creación institucional, en la modificación legislativa y orgánica, en la ideación muchas veces realmente creativa de la ingeniería institucional, como si el numen de la problemática radicara exclusivamente en el diseño y, por supuesto, en su aplicación política.
Sin embargo, los que nos ubicamos a la izquierda del espectro político en el ámbito de la democracia y del progresismo reales, sabemos (o al menos deberíamos saber) que las implementaciones de políticas verdaderamente democráticas y progresistas, sea en el área de gobierno que fuera (y esto incluye principalmente a la seguridad), son imposibles al margen de la participación popular, del involucramiento de la gente, del vecino, del ciudadano común, en forma plural y sin discriminaciones.
Cualquier ensayo de política pública que intente avanzar hacia la profundización de la democracia, como por ejemplo, la mejor distribución del ingreso, la defensa efectiva de los derechos de todos, y en este caso especialmente una seguridad democrática para todos los sectores sociales -en el marco de la legalidad y con justicia real-, resultará inviable sin acompañar las reformas institucionales por ingeniosas modernas y creativas que fueran, con esquemas activos y dinámicos de participación ciudadana real. Esto es plural y horizontal, articulando dispositivos entre gobierno y sociedad con claros elementos de control y auditoría ciudadana.
Resulta factible inspirarse en el esquema de los presupuestos participativos y, con la asunción de responsabilidad central de los gobiernos locales, en dicho esquema de participación. La obligación de las fuerzas políticas democráticas y progresistas en materia de seguridad reside, entonces, en la concientización y movilización popular y social en torno al reclamo de esquemas participativos que le permitan a la gente discutir, proponer y controlar las medidas que se tomen en esta materia en sus respectivos barrios, con un sistema consorcial que implique la relación permanente de los representantes del gobierno local con los vecinos de todos los ámbitos de cada distrito. Todo esto implica, a su vez, la necesidad de una estrecha articulación entre los gobiernos locales, los provinciales y el nacional, de quienes dependen institucionalmente las policías.
Si se tiene en consideración esto, queda claro que la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, y el emprendimiento de la nueva ministra, Nilda Garré, merece ser saludado, ya que contempla en su flamante estructura orgánica áreas específicas para el fomento, difusión e impulso de estas acciones de participación ciudadana. La figura de los “Foros” anunciados apunta en esta dirección. Pero, sobre todo, necesita del apoyo político y social para enfrentar problemas muy complejos En este sentido, la autodenominada oposición debería llamarse a reflexión -con relación a su práctica de la crítica y el boicot sistemáticos-, ya que se trata, en este caso, de una política de Estado que tiene alto impacto sobre la seguridad de los bienes y las vidas de los argentinos. Y, ante todo, sobre la posibilidad de ir superando rémoras del pasado institucional, lo que resulta imprescindible para profundizar la democracia y, con ello, construir la sociedad justa, libre y respetuosa de los derechos que queremos.
* Diputado Nacional. Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.
La resistencia de los que están hoy en el banquillo de los acusados se amalgama con los alaridos de los personeros que reclaman por la vuelta a la mano dura y exigen el retorno a la represión de las protestas sociales, y a un enfoque del problema de la seguridad compendiado en las enciclopedias de la otrora lucha antisubversiva.
La solución a los problemas que aquejan a las instituciones policiales en la Argentina es una deuda pendiente de la democracia. Estas fuerzas sufrieron un grave deterioro institucional durante las dictaduras del siglo pasado y, particularmente, durante el terrorismo de Estado de los setenta. De esta manera, han visto complicada aún más su realidad actual ante el crecimiento exponencial del delito urbano en el país, particularmente a partir de la hiperinflación de 1989, y, sobre todo, en la década de 1990. Hubo intentos correctamente orientados en el sentido de avanzar en la reforma policial, con el objetivo de mejorar su profesionalismo, y su inserción institucional y democrática, como fueron las experiencias conducidas por Carlos Arslanian -en la provincia de Buenos Aires- y la creación de la Policía Aeroportuaria, conducida por Marcelo Sain bajo parámetros modernos y profesionales. También asistimos a la mala experiencia de la creación de la policía Metropolitana para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que primaron hasta ahora criterios de reformulación de una fuerza con los peores vicios de las existentes y recurriendo a viejo personal de otras fuerzas, que terminó cometiendo graves delitos que involucran, incluso, al mismo jefe de gobierno de la Ciudad.
Pero, ¿cuál es el problema de fondo del funcionamiento de las policías?
El error, cuando se trata de propuestas sobre políticas de seguridad y reformas policiales, radica en general en que tales propuestas son vistas como una solución en sí mismas. Es decir, se concentra toda la energía en la reforma o creación institucional, en la modificación legislativa y orgánica, en la ideación muchas veces realmente creativa de la ingeniería institucional, como si el numen de la problemática radicara exclusivamente en el diseño y, por supuesto, en su aplicación política.
Sin embargo, los que nos ubicamos a la izquierda del espectro político en el ámbito de la democracia y del progresismo reales, sabemos (o al menos deberíamos saber) que las implementaciones de políticas verdaderamente democráticas y progresistas, sea en el área de gobierno que fuera (y esto incluye principalmente a la seguridad), son imposibles al margen de la participación popular, del involucramiento de la gente, del vecino, del ciudadano común, en forma plural y sin discriminaciones.
Cualquier ensayo de política pública que intente avanzar hacia la profundización de la democracia, como por ejemplo, la mejor distribución del ingreso, la defensa efectiva de los derechos de todos, y en este caso especialmente una seguridad democrática para todos los sectores sociales -en el marco de la legalidad y con justicia real-, resultará inviable sin acompañar las reformas institucionales por ingeniosas modernas y creativas que fueran, con esquemas activos y dinámicos de participación ciudadana real. Esto es plural y horizontal, articulando dispositivos entre gobierno y sociedad con claros elementos de control y auditoría ciudadana.
Resulta factible inspirarse en el esquema de los presupuestos participativos y, con la asunción de responsabilidad central de los gobiernos locales, en dicho esquema de participación. La obligación de las fuerzas políticas democráticas y progresistas en materia de seguridad reside, entonces, en la concientización y movilización popular y social en torno al reclamo de esquemas participativos que le permitan a la gente discutir, proponer y controlar las medidas que se tomen en esta materia en sus respectivos barrios, con un sistema consorcial que implique la relación permanente de los representantes del gobierno local con los vecinos de todos los ámbitos de cada distrito. Todo esto implica, a su vez, la necesidad de una estrecha articulación entre los gobiernos locales, los provinciales y el nacional, de quienes dependen institucionalmente las policías.
Si se tiene en consideración esto, queda claro que la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, y el emprendimiento de la nueva ministra, Nilda Garré, merece ser saludado, ya que contempla en su flamante estructura orgánica áreas específicas para el fomento, difusión e impulso de estas acciones de participación ciudadana. La figura de los “Foros” anunciados apunta en esta dirección. Pero, sobre todo, necesita del apoyo político y social para enfrentar problemas muy complejos En este sentido, la autodenominada oposición debería llamarse a reflexión -con relación a su práctica de la crítica y el boicot sistemáticos-, ya que se trata, en este caso, de una política de Estado que tiene alto impacto sobre la seguridad de los bienes y las vidas de los argentinos. Y, ante todo, sobre la posibilidad de ir superando rémoras del pasado institucional, lo que resulta imprescindible para profundizar la democracia y, con ello, construir la sociedad justa, libre y respetuosa de los derechos que queremos.
* Diputado Nacional. Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.
martes, 1 de marzo de 2011
COMUNICADO DE PRENSA: El SPB toma represalias y persigue a víctima de torturas aberrantes
Los organismos de derechos humanos que adhieren al siguiente comunicado solicitan el cese de la persecución contra Fabián Sampietro y reclaman se le brinde asistencia y la protección inmediata que requiere por toda víctima de torturas.
Fabián Sampietro se encuentra detenido con sistema de monitoreo electrónico desde hace 10 meses. Ha cumplido con todas las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Criminal Nº 4 de La Plata que le permitía salidas laborales. Trabajaba frente a la Facultad de Derecho vendiendo libros.
Durante sus años de detención fue víctima de reiterados actos de torturas. Una de esas causas fue elevada a juicio como apremios ilegales y severidades. En noviembre del año pasado la justicia platense, lo recaratuló como torturas. Al día siguiente los penitenciarios encargados del monitoreo comenzaron una persecución sistemática: se presentaban en su casa de madrugada, lo amenazaban, insultaban, esperando una reacción que justificara su regreso a la cárcel. La reacción de Sampietro nunca llegó pero los informes penitenciarios negativos y completamente falsos elevados al Tribunal, motivaron que los jueces -sin escuchar su descargo-, revocaran la medida.
El día miércoles fue abordado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata en su lugar de trabajo, quienes pretendieron detenerlo sin explicación alguna. En ese momento Fabián Sampietro fue resguardado en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UNLP durante más de un día y actualmente sus abogados han apelado la revocatoria de la morigeración, solicitando la suspensión de la orden de detención.
Por otro lado se ha presentado un habeas corpus ante la justicia provincial a fin de poner freno a esta vulneración de derechos de una víctima de torturas aberrantes. La morigeración de Sampietro no puede ser controlada por sus propios torturadores, quienes al enterarse del juzgamiento de torturas de sus compañeros, quieren lograr su regreso a la cárcel.
Lo que acontece con Sampietro es una muestra de la acción del Estado frente a las víctimas de torturas: se las hostiga, persigue y fraguan o “arman” causas judiciales.
Por otra parte, Sampietro ha militado en las cárceles con el Colectivo La Cantora y desde allí denunciado la tortura y violencia institucional.
También es víctima de la mora y desidia judicial: el Tribunal de Casación tiene para resolver su apelación desde hace 2 años. Por el tiempo que lleva detenido, confirme o no la condena, Sampietro esta en condiciones de quedar en libertad.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus recomendaciones al Estado Argentino, le ha reclamado que adopte medidas inmediatas y eficaces contra dichas prácticas y que repare a las víctimas. Lejos de esto, el estado provincial se ensaña con quien logra judicialmente imputar a penitenciarios por torturas.
También la Comisión Interamericana al visitar cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires, reclamó al Estado que: “existe en el Derecho Internacional un régimen absoluto de prohibición de la tortura, y que los Estados tienen el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de amenazas y actos contra su integridad física o mental.”
Entre tanto, se está tramitando ante la justicia la presentación de un Habeas Corpus, detallando los constantes abusos llevados adelante por parte del SPB contra su persona.
Los organismos firmantes, solicitan que cese la persecución contra Fabián Sampietro y reclaman se le brinde la asistencia y protección que requiere como víctima de torturas. También piden al TOC Nº 4 que se escuche su versión sobre los informes negativos del SPB. Asimismo solicitan a la Sala II del Tribunal de Casación la rápida resolución de su causa judicial.
Fabián Sampietro se encuentra detenido con sistema de monitoreo electrónico desde hace 10 meses. Ha cumplido con todas las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Criminal Nº 4 de La Plata que le permitía salidas laborales. Trabajaba frente a la Facultad de Derecho vendiendo libros.
Durante sus años de detención fue víctima de reiterados actos de torturas. Una de esas causas fue elevada a juicio como apremios ilegales y severidades. En noviembre del año pasado la justicia platense, lo recaratuló como torturas. Al día siguiente los penitenciarios encargados del monitoreo comenzaron una persecución sistemática: se presentaban en su casa de madrugada, lo amenazaban, insultaban, esperando una reacción que justificara su regreso a la cárcel. La reacción de Sampietro nunca llegó pero los informes penitenciarios negativos y completamente falsos elevados al Tribunal, motivaron que los jueces -sin escuchar su descargo-, revocaran la medida.
El día miércoles fue abordado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata en su lugar de trabajo, quienes pretendieron detenerlo sin explicación alguna. En ese momento Fabián Sampietro fue resguardado en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UNLP durante más de un día y actualmente sus abogados han apelado la revocatoria de la morigeración, solicitando la suspensión de la orden de detención.
Por otro lado se ha presentado un habeas corpus ante la justicia provincial a fin de poner freno a esta vulneración de derechos de una víctima de torturas aberrantes. La morigeración de Sampietro no puede ser controlada por sus propios torturadores, quienes al enterarse del juzgamiento de torturas de sus compañeros, quieren lograr su regreso a la cárcel.
Lo que acontece con Sampietro es una muestra de la acción del Estado frente a las víctimas de torturas: se las hostiga, persigue y fraguan o “arman” causas judiciales.
Por otra parte, Sampietro ha militado en las cárceles con el Colectivo La Cantora y desde allí denunciado la tortura y violencia institucional.
También es víctima de la mora y desidia judicial: el Tribunal de Casación tiene para resolver su apelación desde hace 2 años. Por el tiempo que lleva detenido, confirme o no la condena, Sampietro esta en condiciones de quedar en libertad.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus recomendaciones al Estado Argentino, le ha reclamado que adopte medidas inmediatas y eficaces contra dichas prácticas y que repare a las víctimas. Lejos de esto, el estado provincial se ensaña con quien logra judicialmente imputar a penitenciarios por torturas.
También la Comisión Interamericana al visitar cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires, reclamó al Estado que: “existe en el Derecho Internacional un régimen absoluto de prohibición de la tortura, y que los Estados tienen el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de amenazas y actos contra su integridad física o mental.”
Entre tanto, se está tramitando ante la justicia la presentación de un Habeas Corpus, detallando los constantes abusos llevados adelante por parte del SPB contra su persona.
Los organismos firmantes, solicitan que cese la persecución contra Fabián Sampietro y reclaman se le brinde la asistencia y protección que requiere como víctima de torturas. También piden al TOC Nº 4 que se escuche su versión sobre los informes negativos del SPB. Asimismo solicitan a la Sala II del Tribunal de Casación la rápida resolución de su causa judicial.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)