[psollaplata] Declaración del HCD de La Plata a favor del Proyecto de Ley de Servicios Financieros

[psollaplata] Otra campana: de jueces penales‏

                                                   LA IMPLACABLE PERSECUCIÓN

AL JUEZ RAFAEL SAL LARI

Mientras la decisión del jury de enjuiciamiento se ha vuelto a posponer, para un mejor estudio del proceso, las continuas apariciones mediáticas de los denunciantes, nos imponer el deber —cuanto menos— de hacer oír a la sociedad la otra campana, porque tan legítimo y comprensible es el sufrimiento de las “Madres del Dolor”, como injustificada  e irrazonable su pretensión de corresponsabilizar al Juez de Garantías, Rafael Sal Lari, de los hechos delictivos que las víctimas padecieron. Y si bien se han esforzado, una y otra vez, en sostener que no buscan leyes de mano dura, el acompañamiento de Juan Carlos Blumberg en las escalinatas de la Legislatura Bonaerense, a la espera de la definición del caso, nos autoriza a inferir también otras intenciones. Lo mismo que el activismo asumido por el Intendente Gustavo Posse, verdadero promotor jurídico y político de esta persecución política.

En todo caso, queda claro que el Juez Sal Lari viene siendo señalado como enemigo público número uno por algunos grupos de presión, luego de ser apuntado como chivo expiatorio por el intendente de San Isidro.

La sociedad debe saber, ante todo, que para ser Juez la Constitución Provincial exige “respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos” (art. 175.). Además, se rinden rigurosos exámenes técnicos, en los que cualquier aspirante resulta automáticamente reprobado si no ajusta sus respuestas a las garantías procesales y penales, contenidas en la Carta Magna, sin perjuicio de las evaluaciones acerca de su salud psicofísica y de su impecable foja de servicio. Todo ello analizado por varios organismos institucionales, a partir del Consejo de la Magistratura, siguiendo por el Ministerio de Justicia y Seguridad, por el Senado y, en fin, por el Gobernador. Después, al tomar posesión del cargo, el Juez jura cumplir —y hacer cumplir, en cuanto de él dependa— la Constitución y las leyes dictadas en su consecuencia.

Conviene recordar que, en el caso, no pesan sobre el Juez Rafael Sal Lari acusaciones relativas a la comisión de ilícitos en el ejercicio de su función. No sólo no existen sospechas de corrupción, sino que tampoco se ha puesto en tela de juicio su probidad, su honradez. ¿De qué se lo acusa, entonces?

La acusación le atribuye ser garantista, es decir, dejar en libertad a peligrosos delincuentes que ponen en riesgo a ciudadanos decentes, según las propias expresiones del Intendente Posse ante los medios de prensa.

Parecen desconocer sus pertinaces detractores que tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte de esta provincia sostienen —en plena consonancia con la normativa supranacional en materia de derechos humanos— que la libertad  de los procesados debe ser la regla general, mientras que la prisión preventiva es una medida de carácter excepcional, pues los imputados deben  ser considerados inocentes hasta que una condena firme demuestre lo contrario. Más aún, es universalmente aceptada la recomendación de que los jueces penales apliquen el encierro provisional como último recurso, es decir, cuando ya no quedan otras alternativas menos gravosas que el encarcelamiento, para asegurar los fines del proceso. En ningún caso puede admitirse, mucho menos justificarse, el encierro provisional como una suerte de anticipo de pena, sin violentar las bases que cimientan de nuestro sistema constitucional de administración de justicia.

Si el Juez de Garantías al que ahora se pretende sentar en el banquillo de los acusados dispuso excarcelaciones, las mismas pudieron ser recurridas ante su superior jerárquico y, luego, revisadas por la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro. Pero de ninguna manera puede sostenerse que tales decisorios constituyan sustento razonable para atribuirle mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, ni siquiera cuando los así excarcelados, tiempo después, hayan cometido graves delitos, pues se trata de un magistrado en un Estado de Derecho al que no se le pueden exigir facultades premonitorias de las conductas ajenas.

Al margen de lo anterior, tales premoniciones no sólo carecen de base racional y científica, pues pocas cosas son más peligrosas que el uso de la peligrosidad en derecho penal y procesal penal, sino que tampoco son tolerables para justificar el encierro preventivo de una persona reputada inocente, el que sólo puede admitirse para evitar los riesgos procesales, es decir, que el imputado no comparezca a los citatorios judiciales u obstaculice la investigación. Con otras palabras, las medidas de coerción personal, entre las que destaca la aplicación de la prisión preventiva rigurosa, sólo responden a razones de peligrosidad procesal; en ningún caso, pueden ser usadas para prevenir los delitos que el sujeto pueda eventualmente cometer en el futuro, a menos que estemos dispuestos a vivir en un estado policial, sin derechos, ni garantías.

En definitiva, si el jury de enjuiciamiento al Juez Rafael Sal Lari es usado para contrarrestar decisorios jurisdiccionales que los denunciantes no comparten, estaremos asistiendo a una persecución política e ideológica que nos expone a los riesgos de vivir al margen de la Constitución y la ley. Confiamos en que así no será.

LA RED DE JUECES PENALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

La Plata, 6 de abril de 2011.

Esteban Ignacio Viñas                       Adriana Lucía Nanni

Presidente                                         Vicepresidente

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Seguridad, hacia un esquema participativo, por Carlos Heller

Seguridad, hacia un esquema participativo

Por Carlos Heller

Las políticas democráticas y progresistas son imposibles de implementar sin la contribución popular y el involucramiento de la gente común

La política de derechos humanos, de juicio y castigo a los represores y genocidas, coronó la larga marcha de las luchas del campo popular contra la impunidad. Durante largos años de democracia, fueron acciones tildadas de testimoniales, tales como el trabajo incansable de las organizaciones en defensa de los derechos humanos -encabezadas sin duda por las Madres y las Abuelas-, o las repetidas presentaciones de los proyectos de anulación a las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final hechas por el diputado Floreal Gorini, que nunca consiguieron quórum en 2003, encontraron su cauce.
La resistencia de los que están hoy en el banquillo de los acusados se amalgama con los alaridos de los personeros que reclaman por la vuelta a la mano dura y exigen el retorno a la represión de las protestas sociales, y a un enfoque del problema de la seguridad compendiado en las enciclopedias de la otrora lucha antisubversiva.
La solución a los problemas que aquejan a las instituciones policiales en la Argentina es una deuda pendiente de la democracia. Estas fuerzas sufrieron un grave deterioro institucional durante las dictaduras del siglo pasado y, particularmente, durante el terrorismo de Estado de los setenta. De esta manera, han visto complicada aún más su realidad actual ante el crecimiento exponencial del delito urbano en el país, particularmente a partir de la hiperinflación de 1989, y, sobre todo, en  la década de 1990. Hubo intentos correctamente orientados en  el sentido de avanzar en la reforma policial, con el objetivo de mejorar su profesionalismo, y su inserción institucional y democrática, como fueron las experiencias conducidas por Carlos Arslanian -en la provincia de Buenos Aires- y la creación de la Policía Aeroportuaria, conducida por Marcelo Sain bajo parámetros modernos y profesionales. También asistimos a la mala experiencia de la creación de la policía Metropolitana para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que primaron hasta ahora criterios de reformulación de una fuerza con los peores vicios de las existentes y recurriendo a viejo personal de otras fuerzas, que terminó cometiendo graves delitos que involucran, incluso, al mismo jefe de gobierno de la Ciudad.
Pero, ¿cuál es el problema de fondo del funcionamiento de las policías?
El error, cuando se trata de propuestas sobre políticas de seguridad y reformas policiales, radica en general en que tales propuestas son vistas como una solución en sí mismas. Es decir, se concentra toda la energía en la reforma o creación institucional, en la modificación legislativa y orgánica, en la ideación muchas veces realmente creativa de la ingeniería institucional, como si el numen de la problemática radicara exclusivamente en el diseño y, por supuesto, en su aplicación política.
Sin embargo, los que nos ubicamos a la izquierda del espectro político en el ámbito de la democracia y del progresismo reales, sabemos (o al menos deberíamos saber) que las implementaciones de políticas verdaderamente democráticas y progresistas, sea en el área de gobierno que fuera (y esto incluye principalmente a la seguridad), son imposibles al margen de la participación popular, del involucramiento de la gente, del vecino, del ciudadano común, en forma plural y sin discriminaciones.
Cualquier ensayo de política pública que intente avanzar hacia la profundización de la democracia, como por ejemplo, la mejor distribución del ingreso, la defensa efectiva de los derechos de todos, y en este caso especialmente una seguridad democrática para todos los sectores sociales -en el marco de la legalidad y con justicia real-, resultará inviable sin acompañar las reformas institucionales por ingeniosas modernas y creativas que fueran, con esquemas activos y dinámicos de participación ciudadana real. Esto es plural y horizontal, articulando dispositivos entre gobierno y sociedad con claros elementos de control y auditoría ciudadana.
Resulta factible inspirarse en el esquema de los presupuestos participativos y, con la asunción de responsabilidad central de los gobiernos locales, en dicho esquema de participación. La obligación de las fuerzas políticas democráticas y progresistas  en materia de seguridad reside, entonces, en la concientización y movilización popular y social en torno al reclamo de esquemas participativos que le permitan a la  gente discutir, proponer y controlar las medidas que se tomen en esta materia en sus respectivos barrios, con un sistema consorcial que implique la relación permanente de los representantes del gobierno local con los vecinos de todos los ámbitos de cada distrito. Todo esto implica, a su vez, la necesidad de una estrecha articulación entre los gobiernos locales, los provinciales y el nacional, de quienes dependen institucionalmente las policías.
Si se tiene en consideración esto, queda claro que la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, y el emprendimiento de la nueva ministra, Nilda Garré, merece ser saludado, ya que contempla en su flamante estructura orgánica áreas específicas para el fomento, difusión e impulso de estas acciones de participación ciudadana. La figura de los “Foros” anunciados apunta en esta dirección. Pero, sobre todo, necesita del apoyo político y social para enfrentar problemas muy complejos  En este sentido, la autodenominada oposición debería llamarse a reflexión -con relación a su práctica de la crítica y el boicot sistemáticos-, ya que se trata, en este caso, de una política de Estado que tiene alto impacto sobre la seguridad de los bienes y las vidas de los argentinos. Y, ante todo, sobre la posibilidad  de ir superando rémoras del pasado institucional, lo que resulta imprescindible para profundizar la democracia y, con ello, construir la sociedad justa, libre y respetuosa de los derechos que queremos.


* Diputado Nacional. Bloque Nuevo Encuentro Popular y Solidario.

COMUNICADO DE PRENSA: El SPB toma represalias y persigue a víctima de torturas aberrantes

Los organismos de derechos humanos que adhieren al siguiente comunicado solicitan el cese de la persecución contra Fabián Sampietro y reclaman se le brinde asistencia y la protección inmediata que requiere por toda víctima de torturas.

Fabián Sampietro se encuentra detenido con sistema de monitoreo electrónico desde hace 10 meses. Ha cumplido con todas las condiciones impuestas por el Tribunal Oral Criminal Nº 4 de La Plata que le permitía salidas laborales. Trabajaba frente a la Facultad de Derecho vendiendo libros.

Durante sus años de detención fue víctima de reiterados actos de torturas. Una de esas causas fue elevada a juicio como apremios ilegales y severidades. En noviembre del año pasado la justicia platense, lo recaratuló como torturas. Al día siguiente los penitenciarios encargados del monitoreo comenzaron una persecución sistemática: se presentaban en su casa de madrugada, lo amenazaban, insultaban, esperando una reacción que justificara su regreso a la cárcel. La reacción de Sampietro nunca llegó pero los informes penitenciarios negativos y completamente falsos elevados al Tribunal, motivaron que los jueces -sin escuchar su descargo-, revocaran la medida.

El día miércoles fue abordado por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata en su lugar de trabajo, quienes pretendieron detenerlo sin explicación alguna. En ese momento Fabián Sampietro fue resguardado en la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de la UNLP durante más de un día y actualmente sus abogados han apelado la revocatoria de la morigeración, solicitando la suspensión de la orden de detención.

Por otro lado se ha presentado un habeas corpus ante la justicia provincial a fin de poner freno a esta vulneración de derechos de una víctima de torturas aberrantes. La morigeración de Sampietro no puede ser controlada por sus propios torturadores, quienes al enterarse del juzgamiento de torturas de sus compañeros, quieren lograr su regreso a la cárcel.

Lo que acontece con Sampietro es una muestra de la acción del Estado frente a las víctimas de torturas: se las hostiga, persigue y fraguan o “arman” causas judiciales.

Por otra parte, Sampietro ha militado en las cárceles con el Colectivo La Cantora y desde allí denunciado la tortura y violencia institucional.

También es víctima de la mora y desidia judicial: el Tribunal de Casación tiene para resolver su apelación desde hace 2 años. Por el tiempo que lleva detenido, confirme o no la condena, Sampietro esta en condiciones de quedar en libertad.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en sus recomendaciones al Estado Argentino, le ha reclamado que adopte medidas inmediatas y eficaces contra dichas prácticas y que repare a las víctimas. Lejos de esto, el estado provincial se ensaña con quien logra judicialmente imputar a penitenciarios por torturas.

También la Comisión Interamericana al visitar cárceles y comisarías de la Provincia de Buenos Aires, reclamó al Estado que: “existe en el Derecho Internacional un régimen absoluto de prohibición de la tortura, y que los Estados tienen el deber de proteger a los privados de libertad contra todo tipo de amenazas y actos contra su integridad física o mental.”

Entre tanto, se está tramitando ante la justicia la presentación de un Habeas Corpus, detallando los constantes abusos llevados adelante por parte del SPB contra su persona.

Los organismos firmantes, solicitan que cese la persecución contra Fabián Sampietro y reclaman se le brinde la asistencia y protección que requiere como víctima de torturas. También piden al TOC Nº 4 que se escuche su versión sobre los informes negativos del SPB. Asimismo solicitan a la Sala II del Tribunal de Casación la rápida resolución de su causa judicial.

Documento del Acuerdo por una Seguridad Democrática

Presentado en la Honorable Cámara de Diputados el 24 de Febrero 2011

En los últimos días, la policía bonaerense ejecutó a dos adolescentes en José León Suárez y a un joven en Baradero, y disparó por la espalda a otro joven en Mar del Plata que se encuentra herido de gravedad. Estos hechos requieren respuestas estructurales y enérgicas del gobierno provincial que reemplacen de manera definitiva el modelo autoritario e ineficiente de autogestión policial que sólo incrementa el delito y provoca más muertes. A las respuestas judiciales hay que sumarle respuestas políticas.

Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. La prevención y sanción del delito de modo eficiente y respetuoso de los derechos humanos demanda un sistema policial subordinado a las directivas de seguridad pública formuladas por las autoridades gubernamentales. Ha quedado demostrado que la autonomía policial como forma de gobernabilidad conduce a respuestas policiales violentas y represivas. No sólo se desentiende del control de las fuerzas de seguridad sino también de contar con las herramientas de gestión que permiten el monitoreo del delito y del trabajo policial necesarias para la formulación de las políticas y estrategias de seguridad. Además, desdibuja toda posibilidad de que se implementen iniciativas serias de participación ciudadana y prevención comunitaria de la violencia.

El ejercicio de las funciones de auditoría interna en la policía bonaerense a cargo de civiles especializados en investigación administrativa ha revelado mayor efectividad en los breves lapsos en que fue aplicado. Se lograron investigaciones más rápidas y completas que las realizadas por la propia justicia, a la vez que fueron expulsados de la fuerza aquellos que incurrían en abusos funcionales y actividades delictivas. El autogobierno significa traspasar esas potestades a los propios efectivos policiales y habilita un campo discrecional para el ejercicio de la fuerza, la violación de derechos y la reactivación de redes de ilegalidad, que constituyen el trasfondo de hechos gravísimos como las ejecuciones policiales o la desaparición de Luciano Arruga en enero de 2009.

En ese contexto, la unificación de las responsabilidades de seguridad y de justicia en un solo ministerio contribuye a sostener el autogobierno policial, en la medida que reduce las capacidades institucionales del área de seguridad y profundiza la delegación de la gestión en las cúpulas policiales. El poder estratégico y administrativo sobre una fuerza de 52 mil efectivos y un presupuesto anual de casi 5.000 millones de pesos no puede recaer en una jefatura cuyo poder se encuentra concentrado en un Jefe de Policía y unos pocos comisarios generales.

Las respuestas que pretenden encarar los problemas de seguridad con medidas que profundizan la autogestión policial conducen a cuerpos no profesionalizados, con pocas herramientas para perseguir el delito complejo, funcionales a la reproducción de las redes de ilegalidad y con altos grados de violencia institucional.

Por lo tanto, es imprescindible alcanzar un acuerdo político y social amplio que permita avanzar en el diseño e implementación de políticas de corto, mediano y largo plazo, orientadas a encontrar soluciones inmediatas y perdurables a las demandas sociales en materia de seguridad. La convocatoria a la discusión, el debate y las propuestas democráticas debe incluir a las diversas fuerzas políticas, a las organizaciones sociales, sindicales y religiosas, a las universidades, entre muchas otras, de modo de fortalecer acuerdos y promover medidas puntuales que permitan construir soluciones duraderas, plurales e inclusivas.  En el marco de los principios que guían el Acuerdo de Seguridad Democrática (ASD) proponemos algunos de los lineamientos que deberían formar parte de la agenda de seguridad y de reforma policial de la provincia de Buenos Aires.

Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas

En primer lugar es imprescindible que el gobierno provincial muestre un fuerte compromiso con el avance de las investigaciones judiciales y administrativas para individualizar y sancionar a los responsables de las ejecuciones de José León Suárez y Baradero. En materia de ejecuciones policiales, el Estado tiene la obligación de investigar las violaciones del derecho a la vida de manera completa, independiente e imparcial.

Es imperioso avanzar en la delimitación de las conductas de todos los policías involucrados en los hechos de José León Suárez y Baradero. Por ello, se debe profundizar la investigación para esclarecer la autoría material y directa del hecho y a su vez la responsabilidad indirecta y funcional en el procedimiento policial.

Separar el Ministerio de Justicia y Seguridad: diseño de una estructura de gestión civil y conducción estratégica de la Policía Bonaerense.

Se necesitan respuestas políticas concretas para retomar el gobierno y el control civil de la gestión de la seguridad en lo vinculado con la autoridad disciplinaria, la producción de información y la administración de emergencias y de evaluación operativa de la fuerza policial. Con un programa reformador y democratizador, se debe enfocar en la especialización, la modernización funcional y la descentralización de la gestión policial bajo la dirección de las autoridades políticas.

Los procesos de reforma y modernización del sistema de seguridad provincial suponen la construcción de un liderazgo político eficiente que conlleve un profundo cambio en sus formas tradicionales de funcionamiento y organización.

Para llevar adelante ese proceso, es necesaria la conformación de un Ministerio de Seguridad responsable de la gestión gubernamental de los asuntos de la seguridad pública, en particular de lo referido a la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias del sector.

Por cierto, tal exigencia no se satisface con la mera creación de dicho Ministerio sino con la reforma de la ley que regula las diferentes competencias de cada una de sus dependencias para dotarlo de una estructura que haga posible y cierto el control y la conducción estratégica de la agencia policial. Es fundamental contar con subsecretarías y direcciones que tengan incumbencia en cada una de las áreas o cuerpos en que la institución policial se encuentra dividida.

Desarrollar la capacidad de investigación judicial y terminar con la impunidad. Creación de la Policía Judicial.

Los problemas de seguridad que vive la provincia de Buenos Aires también están ligados a fuertes condiciones estructurales que garantizan impunidad. Una de ellas es la delegación de la investigación penal de los fiscales a la policía bonaerense, una fuerza sospechada de contener grupos delictivos en su seno que gerencian o regulan el delito. En muchos casos la policía ha sido separada de las investigaciones, que quedaron a cargo de la Gendarmería Nacional.

Este cuadro exige cumplir la norma constitucional que dispone la creación por ley de una policía judicial dependiente de la Procuración de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Ello permitirá aumentar el grado de independencia y eficacia de las investigaciones judiciales y disminuir el ámbito de discrecionalidad policial para el armado de causas o venta de resultados de las investigaciones por personal policial.

Implementar protocolos de actuación y de uso de fuerza

Otra medida concreta es la reglamentación y control del uso de la fuerza, la forma de proceder en las detenciones y el diseño y la conducción de operativos frente a grandes concentraciones de personas, ya sea en ocasión de espectáculos, de desalojos, de protestas sociales o en formas combinadas de resistencia a una acción policial que deriva en una protesta como forma de acción directa.

Para ello es fundamental establecer estándares de actuación en el espacio público con rango normativo, de modo de asegurar un uso proporcional, racional y subsidiario de la fuerza y erradicar las prácticas policiales contrarias a esos criterios.

No alcanza con la mención retórica de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Es preciso avanzar en la reglamentación específica de estas cuestiones, la definición de responsabilidades concretas, la formación y capacitación de los policías y la sanción efectiva de quienes actúan en contradicción con esos principios.

Implementar instancias de control interno y externo

A su vez, resulta esencial la creación de un organismo independiente de investigación administrativa compuesto por civiles para poner fin a uno de los mayores problemas que presenta la institución: policías que se investigan entre sí y encubren su accionar ilegal en lugar de sancionarlo. La potestad de realizar sumarios y de aplicar sanciones disciplinarias no debe estar en manos del jefe de la fuerza sino de la dirección civil.

Por otra parte, es necesario recuperar y profundizar los mecanismos de participación comunitaria en el diagnóstico, planificación y control de gestión de la seguridad pública establecidos por la ley 12.154.

Implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud

Los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar descontrolado de las fuerzas de seguridad. Los problemas de seguridad no se resuelven desde un abordaje autoritario y represivo. Las respuestas policiales y la intervención policial en las escuelas tampoco solucionan la problemática de la niñez y la juventud.

Para terminar con esta realidad es indispensable avanzar en la implementación de políticas y programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes que aseguren el ejercicio pleno de sus derechos sin discriminación alguna. El Estado tiene la obligación de estructurar políticas de carácter público concretas para protegerlos sin represión ni encierro, respetando la mirada integral de sus derechos y el interés superior del niño. Asimismo, el Defensor del Niño y el Observatorio Social prescriptos en los artículos 16 y 24 de la ley 13.298 deben constituirse en dispositivos estratégicos para asegurar el pleno ejercicio de derechos.

Financiar con una partida presupuestaria específica el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos

Es imprescindible contar con el financiamiento necesario para la implementación de políticas públicas activas que desarrollen una intervención social protectora de derechos de los colectivos sociales más desfavorecidos en el esquema de distribución del ingreso y de bienes materiales y simbólicos, que sufren de manera más directa, frecuente y traumática los efectos de la violencia social y policial. Para ello es impostergable tomar la decisión política de avanzar en la sanción de una Ley de Financiamiento para el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos que garantice de una partida presupuestaria específica para garantizar su funcionamiento.

Las propuestas que sostiene ASD son:

 Profundizar las investigaciones judiciales y administrativas. Que el gobierno provincial muestre un fuerte compromiso con el avance de las investigaciones judiciales y administrativas en los casos de José León Suárez y Baradero. Se deben delimitar las conductas de todos los policías que intervinieron directa o indirectamente en esos hechos. Es toda una señal hacia afuera y también hacia adentro.

 Separar el Ministerio de Justicia y Seguridad. Se requieren respuestas políticas concretas para retomar el gobierno y el control civil de la gestión de la seguridad en lo vinculado con la autoridad disciplinaria, entre otros temas. Se debe enfocar hacia la especialización y profesionalización de los policías. Y la conformación de un Ministerio de Seguridad. Está claro, agrega el documento, que la mera creación de un ministerio no arregla nada, sino que hay que dotarlo de estructuras que lo hagan posible en su funcionamiento y sus fines. No lo dice el documento, pero no deja espacio para pensar en Casal ni Stornelli.

 Creación de una Policía Judicial. Uno de los problemas actuales es que los fiscales –describe ASD– delegan la investigación en las fuerzas policiales, que terminan autoinvestigándose. El documento exige el cumplimiento de la norma constitucional que ordena la creación de la Policía Judicial dependiente de la Procuración de la Suprema Corte, y no como es ahora, policías bonaerenses con destino en judiciales, que deberán investigar a sus colegas. Vale como ejemplo el caso de Baradero: luego de que el policía Gonzalo Kapp disparara el escopetazo contra Lucas, el área no fue cercada, y los cartuchos supuestamente de goma no aparecieron.

 Protocolos de actuación y uso de fuerza. Cómo se hace una detención sin matar a nadie, cómo conducir operativos sin desatar violencia, casos de desalojos, allanamientos, acciones ante la resistencia. Está claro que los Bonaerenses no lo saben o lo ocultan. Sólo recordar el argumento de la confusión de cartuchos de goma por plomo y la innecesaria utilización de armas de fuego para detener a personas desarmadas en fuga o simplemente presentes en el lugar.

 Instancias de control interno y externo. Resulta esencial la creación de un organismo independiente de investigación administrativa compuesto por civiles para evitar que los policías se investiguen a sí mismos.

 Implementar un modelo protector de los derechos de la niñez y la juventud. En síntesis, la Patrulla Juvenil inventada por Casal más que solucionar los problemas con la adolescencia, los agravó, enmascarando gordos de la patota de calle con pecheras naranjas.

 Por último, financiar con una partida presupuestaria específica el Sistema de Promoción y Protección Integral de Derechos. Se parte de la base de que las políticas públicas activas desarrollen una intervención social protectora de derechos de los colectivos sociales más desfavorecidos frente a los ingresos y bienes materiales y simbólicos. Son no casualmente los que más sufren el embate de la violencia social y policial. La propuesta, que cuenta con un fuerte respaldo de organismos y personalidades de todos los ámbitos, será presentada al gobernador Daniel Scioli con la intención de que se adopte una actitud firme frente a la violencia policial, y que el Estado sea garante de los derechos de la ciudadanía toda.